Legislativas
¿De dónde saldrán los fondos?

Si se despenaliza el aborto, el Estado debería afrontar un costo de 5 mil millones de pesos el primer año

Una ley polémica, con variables que requieren un estudio minucioso de la realidad politica argentina. (Dibujo: NOVA).

Sin duda, una de las problemáticas más polémicas y susceptibles socialmente de los últimos tiempos es la que refiere a la despenalización del aborto. Con una opinión pública notablemente dividida al respecto, se ha generado una nueva “grieta” donde el debate se desarrolla en un clima de extrema tensión, no sólo en el Congreso sino en todos los ámbitos.

Si a esto se suma la cuestión económica del proyecto de ley -que requiere un análisis aparte- la problemática se hace cada vez más compleja en un país donde las políticas de salud pública dejan mucho que desear en materia de protección ciudadana.

Cifras de la clandestinidad y la legalidad

A pesar de que las estadísticas sobre los abortos clandestinos no son certeras, las estimaciones de investigadores refieren 500 mil embarazos interrumpidos cada año. El dato se traduce en 65,4 abortos por cada mil mujeres de entre 15 y 49 años, realizados en un marco de ilegalidad que ha originado un enorme “mercado negro” alrededor de estas intervenciones.

Los costos que implicaría la realización de un aborto de manera legal, en el caso de que se aprobara la ley de despenalización, es un tema clave que ha sido poco atendido.

Claramente, aunque la práctica médica requerida para un aborto en los términos que propone esta nueva norma es semiambulatoria, necesita de la intervención de un equipo de profesionales, de un médico a cargo, de estudios médicos previos, del medicamento utilizado (mizoprostol), de un día de internación y de los controles médicos posteriores. 

Se estima que entre la medicación, la internación y los controles médicos el costo ascendería a 10.000 pesos por aborto, monto tres veces menor al que promedian las intervenciones clandestinas. Sin considerar los incrementos producto de la inflación. A este valor hay que añadir los honorarios profesionales antes, durante y después de la intervención.

El resultado estimativo si persiste la cifra de 500.000 abortos al año, redundaría en un costo global de 5.000 millones de pesos para el Estado, ya que si bien la ley propone un “aborto seguro, legal y gratuito”, este último concepto es relativo, ya que el paciente no deberá afrontar el costo pero sí, en cambio, el Estado.

Todo este planteo deja un interrogante abierto: ¿con qué fondos se financiará el costo de aplicación de la ley?

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